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viernes, 12 de febrero de 2016

El MP ha ejecutado las acciones para hacer justicia por los hechos violentos del 12-F

Nota de prensa) – Dos años después de los hechos violentos suscitados a partir del 12 de febrero de 2014, el Ministerio Público ha cumplido con su función primaria de dirigir la investigación penal con transparencia e imparcialidad, y ha ejecutado las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades de quienes causaron la muerte de 43 personas y dejaron 878 lesionados, entre ellos 600 civiles y 278 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad del Estado.


De esta manera, a raíz de movilizaciones convocadas por factores políticos, se originaron ataques a la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida México de Caracas, donde manifestantes causaron daños y destrozos a la institución, a la plaza Parque Carabobo y además quemaron bienes y vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

A partir de esos hechos, se generaron acciones violentas en varios estados del país que dejaron como resultado la muerte de un fiscal del Ministerio Público, 33 civiles, 6 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 1 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de cuantiosos daños patrimoniales públicos y privados en varios estados del país.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, expuestas en la página web www.mp.gob.ve, el 32% de los heridos y 23% de los fallecidos fueron funcionarios pertenecientes a los diversos organismos de seguridad.

Resultados tangibles

Las investigaciones dirigidas y coordinadas por fiscales del Ministerio Público, con apoyo de funcionarios del Cicpc, Sebin, PNB, ente otros cuerpos policiales, han permitido la individualización de los responsables por varios fallecidos entre febrero a junio de 2014.

Así pues, se logró una condena de 17 años, 1 mes y 20 días de prisión contra Yonny Bolívar Jiménez (37) por la muerte de Adriana Urquiola, ocurrida el 23 de marzo de 2014, en el sector Los Nuevos Teques del municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Por no estar de acuerdo con la pena impuesta por el tribunal, el Ministerio Público apelará la sentencia.

Mientras que, por el fallecimiento de la detective del Sebin, Glidis Karelis Chacón Benítez (25), acaecida en la autopista Prados del Este el 7 de marzo, fue condenado un policía municipal de Chacao a 10 años de prisión. Además, otros dos funcionarios de ese organismo están acusados y en etapa de juicio.

En los casos de los homicidios de Arturo Alexis Martínez (58), Johan Quintero Carrasco (34), Guillermo Alfonso Sánchez (42), Mariana del Carmen Ceballos (32), Danny Melgarejo Vargas (20), hechos suscitados en los estados Lara, Aragua, Carabobo y Táchira, respectivamente, ya los responsables de estas acciones fueron condenados ante las acusaciones presentadas por fiscales del Ministerio Público.
Por la muerte de Bassil Alejandro Da Costa Fría, ocurrida el 12 de febrero de 2014 entre las esquinas de Tracabordo a Monroy, parroquia Candelaria, se encuentran en etapa de juicio 6 funcionarios del Sebin, 1 PNB y otro efectivo del Ejército Nacional Bolivariano.

Con relación al deceso del dirigente social Juan Carlos Crisóstomo Montoya, suscitado el citado día en la parroquia Candelaria, se encuentra privado de libertad y en fase de juicio Hermeregildo Barrera Niño.
Debido al homicidio el 19 de febrero de Asdrúbal Rodríguez Araguayán (26), quien apareció sin vida en la avenida Boyacá (Cota Mil), a la altura del sector Sebucán, estado Miranda, están privados de libertad dos funcionarios de la Policía Municipal de Chacao. Este caso está en pleno juicio.

En virtud de la muerte, ese mismo día, del ingeniero en sistemas José Alejandro Márquez (45), ocurrida en la esquina de Candilito, parroquia Candelaria, fueron admitidas las acusaciones contra un teniente y dos sargentos de la GNB.

Respecto a la muerte el 22 de febrero en el sector Tazajal, Valencia, estado Carabobo, de la estudiante Geraldin Moreno Orozco (23), hay dos sargentos de la GNB en fase de juicio e igual número imputados por su presunta complicidad en el hecho.

En los otros hechos donde perdieron la vida Génesis Carmona (22), el capitán de la GNB Ramzor Bracho (36) y José Ernesto Méndez, ya fueron presentadas las respectivas acusaciones contra los presuntos autores de tales homicidios. Se espera por las conclusiones de los juicios orales y públicos.

Adicionalmente, en la causa relacionada con el deceso del estudiante Jesús Enrique Acosta (22), ocurrida en Valencia el 12 de marzo del referido año, se encuentra en fase de juicio el detective del Cicpc, Carlos Alfredo Ramos.

Por su parte, en el caso de la muerte de la profesora de origen chileno, Gisela Rubilar (46), suscitada el 9 de marzo en el estado Mérida, recientemente fue privado de libertad Steven García; mientras que por el homicidio del sargento de la GNB Miguel Antonio Parras (42), está también tras las rejas el imputado Walter Mayorga.

Asimismo, en los casos del capitán de la GNB José Isabelino Guillén (34) y del sargento Giovanni José Pantoja (28), existen cuatro órdenes de aprehensión contra personas presuntamente involucradas en sus fallecimientos, incluso con alerta roja internacional.

Finalmente, se encuentran en fase de investigación los casos donde perdieron la vida Roberto José Redman (26), Elvis Rafael Durán (29), José Gregorio Amaris (25), el sargento de la GNB Acner Isaac López (29), Johan Alfonso Pineda (37), Francisco Alcides Madrid (32), el PNB Jorge Steven Colina (24), Wilmer Juan Carballo (43), el fiscal del Ministerio Público Julio González (45), el oficial de la PNB José Cirilo Damas (24), Edicson Olivo Tinoco (24), el sargento de la GNB Jhon Rafael Castillo (23), Wilfredo Giovanny Rey (32) y el estudiante Josué Farías Sánchez (19).

Conviene destacar que en su oportunidad, el Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, inició 236 investigaciones, de las cuales se han presentado 18 acusaciones que involucran a 40 funcionarios de policías municipales y efectivos de los organismos de seguridad del Estado, en la mayoría de los casos por el delito de trato cruel.