Los países de América Latina y el Caribe están fortaleciendo su gobernanza forestal para responder a la tala ilegal de los bosques y a la preocupante tasa de deforestación de la región, la segunda más alta del mundo, señaló hoy la FAO en un comunicado.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los gobiernos entre 10 y 15.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.
Asimismo, destaca que esa práctica despoja a los gobiernos y a las comunidades de los recursos de los que dependen, reduce la biodiversidad, acelera los efectos del cambio climático y produce conflictos por la tierra y otros recursos naturales.
Jorge Meza, Oficial Forestal de la FAO, explicó que el comercio y corte ilegal no sólo socava los medios de vida de las personas y les priva de ingresos y alimentos, sino que es responsable de la degradación de grandes extensiones de bosques.
La tala ilegal contribuye a la deforestación regional, la cual se ha reducido a la mitad desde los niveles de 1990, pero continúa siendo preocupante: cada año se pierdan cerca de dos millones de hectáreas de bosques nativos en la región.
Para enfrentar estos problemas, los gobiernos, comunidades y empresas de la región están fomentando el manejo forestal sostenible y la buena gobernanza de los bosques.
Meza explicó que el Pacto Intersectorial por la Madera en Colombia, las veedurías comunitarias en Perú, los sistemas de trazabilidad en Guatemala y Honduras constituyen buenos ejemplos de gobernanza forestal en la región.
